Crece la sospecha de dumping en la oferta favorita del Gobierno para realizar el Censo Nacional del año 2022

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó sorpresivamente en su despacho del primer piso de la Casa Rosada al titular del INDEC, el economista Marco Lavagna, en medio de los congelamientos ordenados por el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, el pasado 27 de octubre.

La sombra de un retorno a las prácticas fraudulentas del INDEC de Guillermo Moreno no fue el único tema que se trató durante una extensa conversación en la sede del Poder Ejecutivo.

Manzur tomó su lapicera y garabateó una cifra millonaria, $ 6.000 millones, que se ha convertido en la fuente de desvelos de la compañía Boldt que ha visto como quedó desplazada, sobre el cierre del proceso licitatorio, del armado del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que debió realizarse durante el año 2020 y fue suspendido por la pandemia de coronavirus, hasta el 28 de mayo de 2022.

Funcionarios del área de Gabinete relataron a NA que, en este punto, Manzur fue claro con Lavagna, en la necesidad de cumplir con la promesa presidencial, “Alberto anunció que el 18 de mayo se censa a la población y así se hará. El Censo es una suerte de fotografía que le tomamos a la Argentina cada diez años. Nos permite saber qué políticas públicas tomar pero para firmar la orden de pago, primero, se debe adjudicar la licitación a alguna de las empresas que ofertaron por el proceso, y esa decisión es de Marco Lavagna”.

El propio Presidente había encabezado el anuncio de la realización del Censo el 18 de agosto pasado y en el acto explicó las nuevas características del relevamiento.

El Censo Nacional se realizará por primera vez bajo la definición de "censo de derecho", por lo que las personas serán contabilizadas según su lugar de residencia habitual e incorporará la modalidad de auto reconocimiento étnico y la auto percepción de identidad de género.

Funcionarios de Presidencia explicaron que “para la recolección de los datos se empleará un cuestionario censal único accesible mediante múltiples dispositivos (e-CENSO), y en papel y/o dispositivos digitales. El e-CENSO facilitará que pueda completarse el cuestionario a través de validaciones que aseguren que todas las personas puedan ser contadas y nadie responda preguntas que no le corresponda completar, por ejemplo, por su edad o sexo. El Censo suele estar confeccionado por un cuestionario arduo y que requiere tiempo para contestar. La promesa oficial fue que permitirá ahorrar minutos a la población y a los censistas, y tendrá un período de auto empadronamiento digital que se iniciará dos meses antes del día del Censo”.

Las recientes impugnaciones ponen en duda el cumplimiento del calendario propuesto por el Gobierno

Amigo de Daniel Scioli, con sólidos contactos en el Partido Justicialista bonaerense y entre los funcionario del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el desarrollador inmobiliario, experto en mercados regulados y con experiencia en la práctica del capitalismo de amigos, variante típica de nuestro país desde el 2001 para acá, Diego Mazer, formó una UTE, unión temporal de empresas, por el cual dos o más compañías se unen para realizar una obra o prestar un servicio determinado constituyéndose como una única empresa, temporalmente, mientras dure la obra, entre su razón social, Modoc, y la imprenta Kollor.

Sin antecedentes en la realización de Censos de tal magnitud la UTE ofertó, sorpresivamente, y, sobre el cierre del lapso final de las ofertas, $ 4.200 millones, muy por debajo del resto de las propuestas que orillaban el presupuesto de $6.000 millones que está disponible en la Jefatura de Gabinete para realizar el Censo.

Un precio que voceros de Boldt, la compañía competidora que ha impugnado la oferta de Modoc-Kollor, entienden que se trata de una práctica “reñida con las buenas prácticas de la competencia” porque “suele ocurrir que si la inflación no es dominada, la Jefatura de Gabinete puede, a través de sus funcionarios, redireccionar partidas presupuestarias, actualizando los costos al alza por el incremento de los precios de los bienes y servicios”.

Desde luego que la oficina de Marco Lavagna avaló la contratación de la UTE de Diego Mazer pero mientras Juan Manzur duda en firmar, los abogados de Antonio Tabanelli de Boldt han decidido impugnar la decisión del economista, hijo del ex ministro de economía, Roberto Lavagna, aduciendo que “la oferta es ilegítima y arbitraria".

Son ocho las anotaciones enumeradas por los letrados de Boldt, entre las que se encuentran, falta de experiencia en la realización de censos, cheques sin fondos registrados en la Central de Deudores del Banco Central a cuenta de entidades bancarias donde la empresa Moloc posee cuentas corrientes, inconsistencia financiera y lo que consideran más grave que es “como si nos usurparan un título académico. Porque la UTE afirmó haber participado en censos poblacionales 2001, 2010 y en el Censo Educativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 y 2018, de lo que surge que claramente no han realizado ni participado directamente de ninguno de los censos poblacionales ya que estos fueron realizados por Boldt S.A en unión transitoria con la Casa de la Moneda (2001) y en forma individual como único adjudicatario en el caso del segundo (2010)”, especificaron desde Boldt.

A pesar de estas impugnaciones el proceso licitatorio intentará llegar a tiempo para cumplir la promesa de Alberto Fernández. La recomendación del INDEC de Marco Lavagna a favor de la Moloc-Kollor se encuentra en estudio en la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado de la Jefatura de Gabinete.

El poder de la mesa de amigos de Villa La Ñata continúa vigente. El country del actual embajador nacional en Brasil tuvo como uno de sus principales animadores a Diego Mazer. El desarrollador inmobiliario que debe buena parte de su carrera empresarial a su suegro Sergio Grosskopf, dueño de varios de los edificios más lujosas de la Ciudad, como las Torres Le Parc y los Chateau de Puerto Madero.

Mazer era uno de los integrantes de la Rody Cup, el torneo de truco de Villa La Ñata que recibió su nombre por Rody Canicoba o Rodolfo Canicoba Corral, el ex juez federal titular del 6ª juzgado en el edificio de la sede de Comodoro Py, que compartía las partidas con el abogado Freddy Lijo, el empresario hotelero Aldo Elías o Darío Werthein, accionista del Grupo de la W.

Lo cierto es que los días pasan, las impugnaciones a la licitación se acumulan y, por estas jornadas, debería realizarse la etapa experimental del Censo que es preparatorio del proceso formal que comenzara en marzo de 2022, sesenta días antes de la realización del relevamiento, según el esquema de Casa Rosada. (NA)